Objetivos

La Auditoria General de la República, como organismo de control de creación constitucional contribuye con esta sección de su página Web al cumplimiento de los fines del Estado consagrados en el artículo 2 de la Carta Política, en especial el de “…

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación…”, pues sus sugerencias, denuncias, quejas y reclamos, así como todas sus solicitudes de información en el área de nuestra competencia, serán bien recibidas en aras de que nuestro Estado Social de Derecho en realidad responda a una democracia participativa y la ciudadanía se anime a coadyuvar en la vigilancia de la gestión fiscal.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La Constitución Política en sus artículos 103 y 270 consagra lo concerniente al principio de la participación democrática que consiste en vigilar la gestión pública en los diversos niveles administrativos, así como los resultados y el de conformar asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales con el objeto de llevar a cabo dicho control y vigilancia.

Por ello dentro de los mecanismos de participación ciudadana y en desarrollo de las normas constitucionales, la Ley 134 de 1994 y 850 de 2003, crearon la figura de las veedurías ciudadanas, que son formas democráticas de representación que permiten a los ciudadanos y a diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre el proceso de gestión pública frente a autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales y legislativas, La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho: “ Los instrumentos de participación democrática garantizados en la Constitución no se limitan a la organización electoral sino que se extienden a todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y comunitaria”.

De otro lado, ha sostenido que el derecho de participación ciudadana emana del mandato democrático y participativo como principio fundamental del Estado en la Constitución y por ende, la relación Estado-Ciudadano, encuentra:

“En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991 representa la transparencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una redistribución del poder político a favor de toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa.”

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática.

Puede decirse que la realización progresiva de los derechos humanos, está en relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la participación ciudadana, sin embargo, prevalece en nuestra sociedad una marcada exclusión de la mayoría poblacional respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos; de manera que, el consenso se reduce a minorías no representativas de la pluralidad de intereses societarios.

Una de las causas generantes de tal marginamiento, es la deficiente información a la que la ciudadanía tiene efectivo acceso y por otro lado, la ausencia de conciencia que se tiene acerca de las posibilidades ofrecidas por nuestro marco jurídico en cuanto al reconocimiento formal de espacios de participación.

La presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, tanto individual como colectiva, precisa de una adecuación funcional que permita el acceso y la conformación no excluyente de centros de decisión a nivel local, que en ultima instancia, también sean capaces de incidir en la formación de voluntad sobre las decisiones que exceden el ámbito del Estado-Nación. No basta con desear participar, es indispensable saber cómo hacerlo y sobre todo, organizarse para ello, ya que la sociedad desorganizada en vez de participar lo que hace es obstaculizar.

De ahí la importancia de la participación ciudadana, a la cual el abogado costarricense Rafael  González Ballar define como: ” un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve.”

Participar es hacer el ejercicio legítimo como ciudadanos de nuestro deber de construir nuestro propósito como nación y ejercer el control y la vigilancia de la gestión publica.

El objeto de la participación ciudadana es promover la eficiencia en la gestión pública, orientar la gestión de la administración a la obtención de resultados conforme a las necesidades sociales, establecer esquemas de responsabilidad, de rendición de cuentas, intentando desmontar la cultura de corrupción.